Viernes, Abril 3, 2020
El pasado 17 de marzo, el gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Estas medidas mantendrán su vigencia, por el momento, durante el plazo de un mes, desde su entrada en vigor y tiene las siguientes repercusiones en el ámbito mercantil:
Reuniones de los órganos de administración:
- Las sesiones de los órganos de gobierno y administración de las sociedades mercantiles, así como de las comisiones delegadas y demás comisiones, podrán llevarse a cabo por videoconferencia, aunque no lo prevean los estatutos. La reunión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.
- Los acuerdos de los órganos de gobierno y administración de las sociedades mercantiles podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión, siempre que lo decida la presidencia, o lo soliciten al menos dos de los miembros del órgano. La sesión se entenderá celebrada en el domicilio social.
Formulación, aprobación y depósito de las cuentas anuales:
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Formulación de cuentas: el plazo de tres meses desde el cierre del ejercicio para formular las cuentas anuales queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma; una vez se levante se iniciará el plazo de tres meses para su formulación.
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Aprobación y depósito de cuentas anuales: de la misma manera, se retrasará tanto el plazo de aprobación de las cuentas anuales, así como su depósito, en función del inicio de los plazos para su formulación.
- En caso de haber formulado ya las cuentas del ejercicio anterior a la fecha de declaración del estado de alarma, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
En relación a las Juntas Generales:
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La reunión de la Junta General Ordinaria para la aprobación de las cuentas anuales se producirá dentro de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales, teniendo en cuenta que el plazo para formular las cuentas anuales se extiende tres meses desde que finalice el estado de alarma.
- En el caso de que se haya requerido la asistencia de un notario para asistir a la junta general, éste podrá utilizar medios de comunicación a distancia en tiempo real que garanticen adecuadamente el cumplimiento de la función notarial, es decir, el Notario se conectará en remoto.
Empresas en concurso de acreedores:
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El deudor que se encuentre en estado de insolvencia, no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma. Hasta que no transcurran dos meses desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante el estado de alarma, o que se presenten durante esos dos meses.
En caso de que el concurso fuera voluntario, se admitirá a trámite con preferencia frente al resto, con independencia de haberse presentado en una fecha posterior.
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Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso, la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo para ello.
Disolución de sociedades
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En caso de que antes de la declaración del estado de alarma o durante su vigencia, concurra alguna causa (legal o estatutaria) de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria de la junta general con el fin de adoptar el acuerdo de disolución, queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma. Esto supone que cumpliendo con este plazo, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.
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Si durante el periodo de alarma transcurre el término de duración de la sociedad fijado en los estatutos, la disolución no se producirá de pleno derecho hasta que hayan pasado dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
